Y si así no lo hiciere, que al pueblo ni se le ocurra criticarme
26 Jun 2025
Opinión de Guillermo Lerdo de Tejada | El Heraldo de México |
La censura creciente del gobierno hacia periodistas y ciudadanos ha sido la nota recurrente de los últimos meses. Los ataques son ya tan abiertos que alarman, y tan frecuentes que corren el riesgo de normalizarse, sumándose al catálogo de nuestras resignaciones nacionales. El debate ya no es si el fenómeno existe, sino cuáles son sus motivaciones e implicaciones.
Primero: se trata de una estrategia no sólo punitiva, sino también intimidatoria. Más allá de castigar a una persona o medio específico, el objetivo es amedrentar a todo crítico potencial. Hoy, una simple opinión incómoda, una queja o incluso una ironía pueden derivar en un proceso legal, con todo lo que implica: angustia personal y familiar, costos económicos, pérdida de tiempo, del empleo o quedar expuesto al acoso y al estigma. Un caso ilustrativo es el del diario Tribuna de Campeche, que hace unos días cerró tras una denuncia de la gobernadora: recibió una multa millonaria y su director fue inhabilitado para ejercer el periodismo durante dos años. No sólo se eliminó a un medio crítico; se mandó un mensaje al resto del gremio.
Segundo: se busca imponer el mayor costo posible a quien se atreve a criticar —económico, reputacional, legal—. Se maximiza el temor y el silencio. Vimos, por ejemplo, al presidente del Senado, acompañado de funcionarios de la Fiscalía, forzar a un ciudadano a pedirle disculpas públicas por haberlo increpado. A la tuitera Laisha Wilkins, el Tribunal Electoral le notificó una posible multa de hasta 200 mil pesos solo por responder a una publicación que mencionaba burlonamente a una candidata a ministra. La desproporción de las sanciones y humillaciones, así como la insignificancia de los supuestos agravios, revelan no solo la fragilidad del ego de algunos funcionarios, sino una lógica deliberada: infundir miedo y desalentar cualquier voz crítica.
Tercero: este mecanismo de intimidación se está generalizando. No es nuevo que el oficialismo arremeta contra figuras públicas con amplia audiencia —como ocurrió recientemente con Héctor de Mauleón, sancionado por un tribunal en Tamaulipas—. Lo novedoso es que ahora también se persigue a ciudadanos de a pie. El caso de Karla Estrella, ama de casa sonorense, lo ejemplifica con crudeza: tras criticar en redes a un diputado de Morena y su esposa por presunto nepotismo, el Tribunal Electoral ordenó borrar su publicación, pagar una multa, ofrecer disculpas públicas y asistir a cursos de “sensibilización”.
Cuarto: esta estrategia, que hasta hace poco operaba sobre todo vía sanciones administrativas, ya comienza a codificarse penalmente. Bajo argumentos que suenan nobles -como el combate a la violencia contra las mujeres- se pretende legitimar la censura, introduciendo figuras ambiguas y peligrosas. Conceptos como “difamación” o “daño emocional”, al no estar definidos con claridad, permiten que cualquier idea incómoda —desde un meme hasta una investigación periodística— sea tratada como delito. El ejemplo más alarmante es la llamada “ley censura” recientemente aprobada en Puebla, que tipifica el “ciberasedio” con penas de hasta tres años de cárcel y multas de miles de pesos. En Sinaloa ya se discute una iniciativa similar.
Todo esto ocurre en un contexto donde el oficialismo promueve leyes federales que permitirían al gobierno censurar contenidos, bloquear plataformas digitales, acceder a datos privados sin orden judicial e incluso espiar legalmente, como en la Ley de Telecomunicaciones. A esto se suman iniciativas como la CURP biométrica o el padrón de telefonía, que centralizarían información sensible —quién eres, qué compras, a dónde vas, con quién hablas— en manos del Estado, sin contrapesos efectivos. Mientras tanto, el Poder Judicial ha dejado de ser resguardo ciudadano para convertirse en instrumento del Ejecutivo.
Al poder nunca le ha gustado la crítica. Ni siquiera al más democrático. La diferencia está en los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para ejercerla y defenderla. Y en México, hoy por hoy, estamos quedando en un desamparo desolador. Más grave aún es la indiferencia generalizada frente a esta realidad.
Ya no se trata de preguntarnos si estamos en problemas, sino de asumir que lo estamos. Y comenzar, cuanto antes, a debatir cómo los vamos a enfrentar. POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE COLABORADOR @GUILLERMOLERDO
