Gobernadores, presidentes municipales y fiscalías bajo la lupa
17 Dic 2025
Opinión de Sofía García | El Heraldo de México |
El Plan Nacional contra la Extorsión pondrá a prueba a gobernadores, presidentes municipales y, sobre todo, a las fiscalías estatales. Hasta ahora, los números oficiales muestran que entidades como el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México concentran más denuncias por este delito, lo cual -en medio de todo lo que implica- refleja que ahí existe una mayor cultura de la denuncia, capacidad institucional para recibir reportes y una ciudadanía que, a pesar de las deficiencias del sistema de justicia, sigue acudiendo a las autoridades.
En muchos otros estados, donde la extorsión es igual o más cotidiana, el delito ni siquiera aparece en las estadísticas porque no se denuncia. Esa distorsión explica por qué, durante años, el cobro de piso y las amenazas se normalizaron hasta convertirse en un costo criminal asumido por comerciantes, productores y agricultores, que termina trasladándose al consumidor.
El Plan Nacional contra la Extorsión es un golpe en la mesa del gobierno federal. No sólo porque busca coordinar esfuerzos, sino porque deja claro que ya no todo puede seguir recayendo en la Federación. Gobernadores, fiscalías estatales y presidentes municipales, tendrán que asumir la parte que les corresponde. Durante años, las autoridades locales se limitaron a pedir apoyo federal mientras toleraban, omitían o incluso permitían que la extorsión creciera; en algunos casos, bajo la sombra de señalamientos de colusión con grupos delictivos.
La extorsión es un delito que puede investigarse de oficio, sin que la víctima cargue sola con el riesgo de denunciar. Eso convierte este plan en un compromiso que no admite simulación. Las fiscalías estatales quedan bajo la lupa. El mensaje es claro: o hacen su trabajo, o quedarán expuestas. Las reglas están cambiando y este delito ya no puede continuar como una práctica tolerada por omisión institucional.
Este plan es, en los hechos, un aviso formal a los gobiernos estatales y municipales que, hasta hoy, han sido corresponsables. La extorsión ya no puede seguir escondiéndose detrás de la falta de denuncias ni delegándose a la Federación. Las fiscalías están obligadas a ejecutar, no a simular: o se rompe este esquema, o quedará claro quién decidió no hacerlo.
Sin judicialización no hay disuasión.
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EN CORTO.-
En Colima, el informe de labores de la senadora Mely Romero en Comala se desdibujó entre cervezas, botanas y ambiente festivo. Más que un ejercicio de rendición de cuentas, pareció una reunión social en un botanero, con asistentes atraídos por la convivencia más que por el balance legislativo. El formato no sólo restó seriedad al mensaje, sino que abrió preguntas incómodas sobre el gasto y el patrocinio del evento, dejando la impresión de que el “informe” fue el pretexto para reunir a sus cercanos.
Nos vemos a las 8 por el 8 TV POR SOFÍA GARCÍA COLABORADORA @SofiGarciaMX
