SCJN confirma reducción de salarios a empleados del Poder Judicial
20 Ene 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado firme la reducción salarial para sus empleados. La resolución, emitida ayer, declara «sin materia» una consulta promovida por jueces y magistrados que buscaba frenar los efectos de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus remuneraciones.
El conflicto se remonta al 8 de noviembre de 2024, cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito del PJF (Jufed) solicitó a la Corte revisar la constitucionalidad de una posible reducción salarial en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025. Sin embargo, la resolución de la SCJN llegó 14 meses después, argumentando que la consulta se basó en un hecho futuro e hipotético.
El pleno de la Corte, a propuesta de la ministra Loretta Ortiz, determinó que la consulta no podía proceder al no existir un «acto concreto, cierto y actual». En esencia, los jueces y magistrados pidieron un pronunciamiento en 2024 sobre un presupuesto para 2025 que aún no estaba aprobado. Según el comunicado oficial de la SCJN de ayer, este tipo de procedimientos especiales no pueden usarse para prevenir escenarios hipotéticos.
Los ministros recalcaron que la vía del «expediente varios» utilizada por los quejosos es un mecanismo excepcional. Insistieron en que «sólo proceden cuando hay un problema de gran relevancia que no puede resolverse por otras vías legales y que afecta al funcionamiento del Poder Judicial», y no para frenar reformas constitucionales.
Acusaciones de “intención fraudulenta”
La discusión escaló con la intervención de la ministra Lenia Batres, quien acusó directamente a la Jufed de actuar con dolo. «El escrito presentado representa, en realidad, una intención fraudulenta que busca violar el mandato constitucional que establece un régimen de remuneración determinado», destacó Batres durante la sesión. Su postura subraya la tensión existente entre las distintas alas de la Corte y el Poder Ejecutivo.
Esta acusación añade una capa de complejidad al debate, sugiriendo que la consulta no fue una simple duda jurídica, sino un intento estratégico para blindar sus salarios frente a la política de austeridad promovida desde el gobierno federal.
