Gerardo Mérida busca evitar la cadena perpetua
21 May 2026
Lo que Gerardo Mérida Sánchez calificó en su momento como “hechos de violencia aislados” es hoy la base de una acusación federal en Nueva York que podría mantenerlo en prisión de por vida.
Bajo la representación de la abogada Sarah Rebecca Krissoff, el exjefe de la seguridad sinaloense comenzó a negociar su libertad a cambio de información.
Ante una posible condena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, a sus 66 años de edad, un juicio fallido representaría de facto una sentencia de muerte en reclusión.
Su testimonio es la pieza clave para entender cómo la Secretaría de Seguridad se convirtió en un presunto sistema de alerta para el Cártel de Sinaloa y qué papel jugaron las instituciones estatales en el supuesto encubrimiento del asesinato del líder opositor Héctor Melesio Cuén, en un contexto donde la violencia en Culiacán escaló de 239 a más de 700 homicidios anuales bajo su mando.
La trama
La gestión de Mérida Sánchez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa comenzó el 4 de septiembre de 2023, tras la renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo, en un movimiento que el gobierno estatal presentó como un esfuerzo para pacificar la entidad mediante mandos militares con sólida formación académica.
No obstante, el diseño de su estructura de mando y los perfiles incorporados generaron fricciones inmediatas con las corporaciones policiales locales y revelaron, bajo la óptica de las investigaciones federales estadounidenses, un esquema presumiblemente orientado a facilitar el control territorial por el crimen organizado.
El mismo día del nombramiento de Mérida Sánchez, el gobernador Rocha Moya tomó protesta a Leoncio Pedro García Alatorre como subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. García Alatorre, también militar retirado, trabajó estrechamente en el diseño operativo hasta finales de diciembre de 2024, cuando la salida de Mérida precipitó una reestructuración completa de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Un elemento de fricción operativa fue la incorporación de colaboradores provenientes de Michoacán, quienes intentaron asumir mandos clave en la secretaría sin contar con nombramientos oficiales ni cumplir con los requisitos de control de confianza. El caso más notorio fue el de Cuitláhuac Javier Izquierdo Rodríguez, un exoficial patrullero de Chavinda, Michoacán, quien contaba con una inhabilitación por negligencia administrativa dictada en 2021 por la Contraloría de ese estado.
Las fricciones entre los elementos subieron de tenor cuando Izquierdo Rodríguez embistió con su vehículo a una oficial de la corporación para forzar su ingreso. El incidente obligó al gobernador Rocha Moya a ordenar la expulsión de todo el personal externo traído por el general que careciera de designación oficial.
Los sobornos
La acusación de la fiscalía estadounidense sostiene que, paralela a esta desorganización administrativa, operaba una red de mandos policiales cooptada mediante sobornos mensuales pagados:
Entre estos mandos estaba José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, quien se desempeñó como subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa y supuestamente recibía un soborno mensual de 100,000 pesos.
Asimismo, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien (según la acusación) recibió un pago mensual de 30,000 pesos y utilizó recursos logísticos oficiales para interceptar y entregar a miembros del cártel a informantes de agencias internacionales.
La inacción
Bajo la perspectiva del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la gestión de Mérida Sánchez no se caracterizó por decomisos históricos o capturas de capos de alto nivel mediante el uso legítimo de la fuerza estatal, sino por una presunta inacción operativa. Durante su gestión, el general tuvo acceso a información clasificada como integrante de la Mesa de Seguridad estatal sobre redadas planificadas por Sedena y Semar contra laboratorios clandestinos.
Junto a Feliciano Castro Meléndrez (hoy secretario de Economía de Sinaloa) y Verona Hernández, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el general en retiro compareció reiteradamente ante medios de comunicación para minimizar los impactos de la guerra de facciones. Generó polémica cuando calificó los enfrentamientos armados generalizados y la parálisis urbana de Culiacán como “momentos de violencia aislados”.
El 25 de julio de 2024 fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y líder político de oposición en Sinaloa. Mérida Sánchez informó al gobernador Rubén Rocha Moya que la muerte de Cuén Ojeda derivó inicialmente de un presunto intento de despojo de vehículo (asalto) en la comunidad de La Presita, al norte de Culiacán.
Así lo anunció entonces el mismo Rocha Moya a través de su cuenta en X. La FGR determinó luego que Cuén Ojeda habría sido ejecutado el 25 de julio de 2024 en la finca rústica Huertos del Pedregal en Culiacán, el mismo sitio donde se consumó la privación ilegal de la libertad de “El Mayo” Zambada.
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