Opinión de Gabriel Torres | El Heraldo de México |
México vuelve a ser sede de una Copa Mundial, pero no como potencia deportiva, sino como terreno fértil para contratos sin impuestos, megaproyectos desiguales y un discurso que disfraza privilegios, con promesas de desarrollo.
Las cifras deslumbran. Se habla de 11 mil millones de dólares en ingresos proyectados por la FIFA —70 por ciento más que en Qatar 2022—, entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales y más de 50 mil empleos temporales. Sin embargo, el entusiasmo se tambalea cuando se observa el pacto que hizo posible este negocio.
En 2015, el gobierno mexicano firmó garantías con FIFA para exentar de toda carga tributaria a sus operaciones y empresas vinculadas, sin importar su domicilio fiscal. El acuerdo, hoy vigente y respaldado por un transitorio en la Ley de Ingresos 2026, convierte a México en el único país, de los tres anfitriones, que concedió una exención total, mientras Estados Unidos y Canadá impusieron restricciones y procesos de revisión local.
La justificación dada apela al turismo, al consumo local y a la “proyección global” del país. Pero los beneficios están territorialmente concentrados (CDMX, Jalisco y Nuevo León) y dirigidos a sectores específicos como hotelería, movilidad y entretenimiento. A cambio, las consecuencias son estructurales y difusas. Viene con ello también un aumento de precios en vivienda, presión sobre servicios urbanos, gentrificación y una huella ambiental alarmante. Se estima que las emisiones del Mundial 2026 alcanzarán 9 millones de toneladas de CO2e, un 92 por ciento más que en la edición anterior, producto en gran parte de la dispersión geográfica de las sedes y del incremento del transporte aéreo.
La lógica detrás del evento es clara. El espectáculo como estrategia de desarrollo. Pero, ¿para quién? Más de 225 mil millones de pesos se han invertido en modernización de estadios, obras urbanas, mejoras aeroportuarias y seguridad, mientras sectores esenciales como salud, educación o acceso al agua se mantienen sin aumentos significativos. Gobiernos estatales compiten por ser “la sede más moderna” o “la más mexicana”, mientras los beneficios fiscales se mantienen intocados para las grandes corporaciones.
En palabras del investigador Luis Alberto Salinas, este tipo de competencias generan impactos parciales, concentrados y temporales. Son intervenciones que privilegian la estética del crecimiento sobre la equidad del desarrollo. Se insiste en aumentar la recaudación sin reforma fiscal, pero al mismo tiempo exonera sin mayor explicación al mayor beneficiario del evento.
El Mundial será un éxito mediático. Pero el costo real lo asumirá una ciudadanía que no fue consultada, que no verá beneficios duraderos y que, una vez más, será espectadora de un juego donde los goles los mete el capital, y las reglas las pone la FIFA.
POR GABRIEL TORRES
Prof. e investigador en la Universidad de Guadalajara
@GABRIELTORRESES