Censura con perspectiva de género: el disfraz autoritario de la 4T

22 Jun 2025

Opinión de Paola Gárate | Debate |

Cuando el poder teme a la crítica, no legisla para proteger a los ciudadanos: legisla para blindarse. Eso es exactamente lo que representan las iniciativas presentadas por la diputada morenista María Teresa Guerra en el Congreso de Sinaloa. Bajo el pretexto legítimo de combatir la violencia digital, su propuesta abre la puerta para limitar la libertad de expresión, castigar la crítica política y criminalizar el trabajo periodístico.

Aunque las iniciativas fueron retiradas temporalmente, las señales son claras: Morena busca imponer una ley que le permita silenciar voces incómodas. Y eso, en cualquier democracia funcional, es simplemente inaceptable.

Reconozcámoslo sin rodeos: sí, las mujeres que participamos en política enfrentamos violencia sistemática. Sí, es urgente legislar para combatirla. Pero no con trampas legales disfrazadas de feminismo. Esta propuesta no busca justicia, busca silencio. No persigue equidad, persigue impunidad.

Las iniciativas proponen reformar el artículo 354 y adicionar los artículos 177 BIS C al 177 BIS H y el 363 BIS al Código Penal estatal y reformar el artículo 24 BIS C y 24 BIS F de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos artículos penalizan actos vagamente definidos como modificación dolosa de contenidos, difusión sin consentimiento, o incluso lo que dañe la reputación digital de una funcionaria.

¿Quién determina qué es “daño a la reputación”? ¿Lo decidirá una jueza sin criterios claros? ¿Un Ministerio Público alineado al poder? ¿La propia persona aludida? Esta ambigüedad jurídica convierte cualquier opinión incómoda en un delito potencial. En lugar de proteger a las mujeres, nos coloca como figuras intocables, ajenas al escrutinio público. Eso no es igualdad: es privilegio injustificado.

Soy mujer. Soy política. Y por eso mismo afirmo: la democracia no puede construirse desde el temor a la crítica. Estas iniciativas infantilizan a las mujeres en política y degrada el debate democrático. En su redacción actual, bastaría una publicación crítica en Facebook o un tuit incómodo para que un ciudadano pueda ser procesado por “violencia digital”.

Eso no es feminismo: es censura de Estado.

Además, el concepto de “sicariato digital” que introduce la iniciativa, lejos de estar claramente definido, puede prestarse a una interpretación política, persecutoria y subjetiva. Las figuras penales deben ser claras, precisas y compatibles con el principio de legalidad. Lo que Morena propone es lo contrario: una herramienta para criminalizar el disenso.

Peor aún, esta intentona en Sinaloa no es aislada. Ya lo intentaron en Campeche. También en Puebla. En ambos casos, la sociedad civil, los gremios periodísticos y las defensorías de derechos humanos frenaron esos impulsos autoritarios. Ahora, nos toca a nosotros alzar la voz en Sinaloa.

El artículo 6° de la Constitución garantiza el derecho a la libre manifestación de ideas. Y el 7° protege expresamente la libre difusión de opiniones por cualquier medio y prohíbe toda forma de censura previa o indirecta, incluso mediante tecnologías digitales. También lo hacen tratados internacionales como el Pacto de San José. Someter esos derechos fundamentales a criterios ambiguos y discrecionales sería un golpe directo al corazón de nuestra democracia.

La función pública implica rendición de cuentas. La crítica es parte del contrato democrático. Una ciudadanía libre no puede vivir bajo la amenaza penal por opinar, analizar o cuestionar a quienes ejercen poder.

La protección de los derechos de las mujeres frente a cualquier forma de violencia —incluida la digital— es una causa irrenunciable. Pero esa legítima defensa no puede construirse sobre bases ambiguas ni usarse como pretexto para perseguir voces críticas. La perspectiva de género debe servir para garantizar justicia, no para distorsionar la ley con fines políticos. Cuando los conceptos jurídicos son imprecisos, se corre el riesgo de que el poder los utilice para acallar disenso bajo el disfraz de protección. Y eso también es violencia: institucional, silenciosa y profundamente autoritaria.

Si estas reformas avanzan, mañana cualquier periodista podrá ser llevado a juicio por ejercer su libertad de expresión. Y cuando un país persigue a sus periodistas y acalla a sus críticos, ya no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de dictadura.

Las iniciativas fueron pausadas. Pero nuestro deber es claro: debemos encargarnos de que desaparezcan.