Cuando la mentira grita «censura»
4 Ago 2026
Opinión de María Paolina González Hernández | El Heraldo de México |
Cuando los nuevos Lineamientos de Derechos de las Audiencias salieron a consulta pública el 24 de julio, la CIRT y voces del PRI no armaron un argumento: armaron una rabieta. En cuestión de horas ya circulaban “censura” y “ley mordaza”. Cuando a alguien le piden simplemente que no mienta y responde como si le arrancaran un derecho, la pregunta no es qué le están quitando. Es qué llevaba haciendo todo este tiempo.
De eso se trata la ley: exige a los concesionarios de radio y televisión separar noticia, opinión y publicidad; nombrar una defensoría de audiencias y corregir errores. Las multas -del 0.01% al 1% de los ingresos- son el último recurso, y recaen en el concesionario, no en el periodista. No impide investigar, criticar ni disentir. Lo único que deja de tener barra libre es desinformar.
Aquí está lo que se perdió en el griterío: el derecho de las audiencias no es una idea nueva. Existe en la ley mexicana desde la reforma de telecomunicaciones de 2014, pero durante más de una década esos derechos tuvieron mecanismos cuya eficacia fue ampliamente cuestionada y que, según la propia CRT, no permitían hacerlos plenamente exigibles. Esta ley busca, por primera vez, hacer cumplible un derecho que ya existía. No corregir eso tampoco habría sido neutral: habría sido dejarlo otra década sin resolver.
Que la reacción más ruidosa venga de ahí no es casualidad. En abril de 2025, la investigación #TelevisaLeaks, publicada por Aristegui Noticias a partir de una filtración de documentos internos, afirmó la existencia de un equipo dedicado a fabricar noticias falsas y campañas de desprestigio; Televisa rechazó esas acusaciones. Casos como ese contribuyeron a una creciente desconfianza hacia parte de los medios.
Las audiencias también tienen derechos: a que lo que escuchamos no sea una falsedad impune, y a saber cuándo alguien disfraza su agenda de periodismo. No es un derecho menor: es no ser engañados por quien usa un micrófono público para imponer su versión.
Nada de esto es un invento mexicano: Reino Unido y Estados Unidos también cuentan con reguladores para la radiodifusión con autonomía reconocida por ley. La CRT tiene autonomía técnica y operativa, aunque no la autonomía constitucional que tenía el extinto IFT. Ese es el punto que señala Artículo 19: fortalecer esa independencia durante la consulta, abierta hasta el 21 de agosto, reforzaría la legitimidad del regulador.
Por eso conviene no confundir las palabras: informar no es lo mismo que manipular, y pedir que se respete esa diferencia no es censura. Censura es impedir que alguien hable; esto exige que, si habla, no distorsione los hechos ni los haga pasar por verdad. Igualar ambas cosas es evadir la pregunta de fondo.
La libertad de expresión nunca significó el derecho a mentir sin consecuencias. Significa hablar, disentir, incomodar al poder. Y significa también, para quien escucha, no ser engañado. Una democracia madura no elige entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Necesita ambas.
