Delincuencia de alto octanaje
25 Jun 2025
Opinión de Adriana Delgado | El Heraldo de México |
Diversos medios y especialistas hicieron denuncias públicas continuas y, aun así, en seis años ninguna autoridad municipal, estatal ni federal hizo algo contra la operación completamente ilegal de una “refinería” tan a la vista como la orilla de la carretera Minatitlán-Mundo Nuevo, en el municipio de Moloacán, en la zona petrolera de Coatzacoalcos, Veracruz.
El gobierno de Rocío Nahle argumenta que esa instalación pasaba inadvertida en un área llena de industrias relacionadas con el sector energético, proveedoras de Pemex, sus grandes complejos petroquímicos y su terminal de almacenamiento y servicios portuarios a la que llegan muchos ductos cargados de hidrocarburos. Una ubicación estratégica para el huachicol, por lo que hace ruido que los 500 mil litros incautados no son nada frente a los 2.3 millones de litros diarios de combustible que se roban en el país y ocasionan pérdidas hasta por 35 mil millones de pesos anuales.
El asunto no es menor. El hecho de que robar petróleo crudo y gas también resulte un negocio y que haya una instalación, por raquítica que sea, para refinarlo, enciende nuevas y muy preocupantes alarmas. Testimonios recogidos entre los trabajadores de la “minirefinería” asegurada, dicen que procesaban diésel, claramente de baja calidad, pero que el crimen organizado bien podría colocar en el mercado bajo amenazas y extorsión, práctica documentada en diversos estados.
El nexo más fuerte que identifican es con la empresa estadounidense de tecnología petrolera, Baker Hughes, la misma que en 2022 fue señalada por prácticas irregulares y conflictos de interés en sus contratos con Pemex, contacto que les resultaría necesario si la lógica de su negocio ilícito de refinación pasa por obtener el equipo especializado para producir naftas útiles incluso en la industria petroquímica, lo que es imposible sin la complicidad de una red de corrupción muy amplia tanto en el medio petrolero como en el gobierno.
Hoy sabemos que, originalmente, la instalación incautada por la autoridad iba a ser una planta recicladora de residuos peligrosos, anunciada en medios locales con bombo y platillo en 2018, a cargo de la empresa Energía Ecorenovable, S.A. de C.V. Sin embargo, la Semarnat le negó el permiso mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/04464 fechado en junio de 2019, medida avalada también por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Aun así, la construcción y operación del lugar no se detuvo.
De acuerdo con los testimonios recopilados por el periodista veracruzano, Ignacio Carbajal, el jefe de operaciones era Olimpo Fuentes Domínguez, personaje conocido en la región, exempleado de Pemex despedido por irregularidades al igual que su mano derecha, Jesús Román Noriega. La administradora, Valentina Dionicio García, no era tan familiar por ser originaria de Villahermosa, Tabasco, pero su nombre, en efecto, es el que aparece en los oficios de la Semarnat como representante legal de Energía Ecorenovable.
Esa empresa fue constituida justo en Villahermosa, por Ramón Pérez Córdoba, cuyo perfil profesional en redes dice que vive en Estados Unidos donde se dedica al desarrollo de patentes en energía racional y ambiental. La otra socia es Sandra Luz Villegas Abad, quien dice ser profesional independiente en bienes raíces, con más de 30 años de experiencia en el ramo petrolero.
El caso es muy complejo. Requerirá de una investigación muy meticulosa y especializada.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ
