La declaración de Guerra
23 Nov 2025
Opinión de Ricardo Pascoe | El Heraldo de México |
Antes, durante y después de la movilización del 15 de noviembre, la Presidenta de México calificó y atacó el evento como un intento por derrocar su gobierno. Esa interpretación es la única admisible para entender el tono crecientemente agresivo —y casi histérico— de sus declaraciones. Sus gritos en la mañanera de “¡no pasarán!” y “¡no me doblarán!” resultan inverosímiles: son frases que resonaron en boca de líderes latinoamericanos en los setenta y ochenta, ante la amenaza de un golpe militar.
Pero, ¿a qué responden esas consignas en la voz de una mandataria que tiene control absoluto sobre los tres Poderes de la Unión y las Fuerzas Armadas, y que, según sus propias palabras, no enfrenta una oposición real? Lo que se revela es algo más profundo: una podredumbre en las cúpulas del poder que aún no se manifiesta con claridad. Algo ocurre en el interior del poder mexicano que las apariencias de normalidad no logran ocultar.
La marcha, convocada por la Generación Z a toda la ciudadanía inconforme, tuvo un eco capaz de resquebrajar la narrativa oficialista de normalidad y consenso absoluto con las políticas de la 4T. Sheinbaum lo percibió y se lanzó preventivamente a descalificar la convocatoria con acusaciones que sorprendieron a propios y extraños. Tildó a los manifestantes de “extrema derecha” en connivencia con una “conspiración internacional”, incluyendo al “PRIAN” y a Ricardo Salinas Pliego como promotores del evento.
Posteriormente, sumó a los alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, poniendo así rostro a sus acusaciones. El gobierno preparó una emboscada para la marcha y creó las condiciones para que se desatara una violencia excesiva, seguida de lo que la presidenta llamaría “represión preventiva”. Esto ha quedado documentado. La emboscada buscaba desacreditar el evento como un intento de derrocamiento, línea discursiva que reforzó ante los jefes de las Fuerzas Armadas el 20 de noviembre.
Luego vino lo inevitable: la declaración de guerra. Pero no contra el narco o la criminalidad, sino contra los sectores de la sociedad mexicana que no comulgan con la 4T. Claudia le declaró la guerra a disidentes y opositores al grito de “¡no me doblegarán!”.
Convocó en Palacio Nacional a gobernadores y legisladores federales de Morena. El mensaje fue claro: vamos a la guerra contra la oposición. Instó a no dejarles espacio alguno, ni en municipios, ni en estados, ni en el Congreso. La idea es imponer la voluntad de Morena en todos los espacios del país. Al mismo tiempo, ofreció paz y reconciliación entre facciones internas —como las de Adán Augusto López y Ricardo Monreal—, con un mensaje que bien pudo ser: “Hagan lo que quieran, yo los respaldo”. La familia morenista se reúne alrededor de la fogata de la amistad.
La guerra incluye necesariamente a la prensa crítica. Las amenazas a TV Azteca son la advertencia más clara: “Me critica en demasía”, afirmó la presidenta. Esas críticas “excesivas” justifican, según ella, presionar a los anunciantes del medio. Y esto es solo el primer paso —público— contra la prensa libre. No tan sutilmente, amenaza con retirar la concesión. En sus discursos exalta la libertad de expresión, pero entre bambalinas castiga a quienes la ejercen.
La radicalización de Sheinbaum es hija de su circunstancia. Llegó a la presidencia impuesta por López Obrador, y esa condición la define ahora que enfrenta su primera gran crisis de gobierno. En estos diez días, su radicalización pasó de 40 a 100 en intensidad. Asomarse al abismo de la desobediencia la hizo retroceder al refugio de los radicales, donde se siente protegida. Prefiere ser recordada como una represora apoyada por López Obrador que como una demócrata vista como traidora por su partido. Ese es el dilema de Sheinbaum, y ya tomó su decisión: limitar las condiciones de participación política en México. Las acciones contra el INE y el TEPJF para castigar a consejeros y magistrados que se resisten a alinearse avanzan a toda velocidad. A esto se suma el deterioro económico y la inminente revisión del T-MEC. El tercer semestre entró en recesión, particularmente en el sector manufacturero, el distintivo de México en América Latina. Mientras otros países de la región dependen de sectores extractivistas como la agricultura y la minería, México destaca por sus manufacturas, impulsadas por el T-MEC. Cuando los transportistas paran por extorsiones en carreteras y corrupción en aduanas, el sector manufacturero se estremece. Cuando los campesinos protestan por la ineficacia gubernamental, la inflación se dispara. Ambos sectores estuvieron presentes en la manifestación del 15 de noviembre. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación los acusa de responder a “consignas partidistas”, cuando sus reclamos son de índole productiva. Lo mismo sucede con trabajadores de la salud, maestros y empleados del Poder Judicial. Las autoridades, enfermas de paranoia, son incapaces de distinguir entre demandas económicas legítimas y demandas políticas o sociales. La combinación de crisis política y recesión económica coloca a
Sheinbaum
en una encrucijada que otros gobernantes han enfrentado. Lo que la hace distinta es que ella debe hacerlo cargando su debilidad política: no es dueña de su propia presidencia. Es la representante de
López Obrador
en el cargo, rehén de un cogobierno que le impide decidir sin consultar. A veces, se entera de decisiones legislativas cuando ya fueron votadas o modificadas sin su aval. Ese cogobierno entre
Sheinbaum y López Obrador
es lo que tiene a México en una crisis de gobernabilidad. Y la única forma de conciliar posiciones dentro de Morena ha sido la radicalización. De ahí el tono verbal presidencial, las amenazas a ciudadanos, inversionistas, empresarios y periodistas. Todos están advertidos. Lo que destapó la marcha del 15 de noviembre fue la decisión de
Sheinbaum
de ir, con todo el aparato del Estado, a la guerra contra la sociedad. POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
@rpascoep
