México no está dejando de fumar: está fumando peor
28 Abr 2026
Opinión de Laura Puente | El Heraldo de México |
Durante años, la política pública en México ha seguido una lógica aparentemente incuestionable: más impuestos, más restricciones, más prohibiciones para reducir el consumo de tabaco. Pero la realidad es más compleja. Hoy, los datos más recientes confirman algo incómodo: México no está dejando de fumar, está fumando peor.
En 2025, 23.3% del mercado de cigarros -más de 9 mil 190 millones de unidades-, es ilegal. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro cigarros. La tendencia no sólo persiste, se acelera, hace pocos años rondaba el 20 por ciento. Al mismo tiempo, el consumo legal cae -de más de 34 mil millones de cigarros en 2021 a poco más de 30 mil millones en 2025-, mientras el ilegal crece de forma sostenida. Esto refleja algo contundente: la política pública está golpeando al mercado formal, pero no está reduciendo el consumo total.
El problema no es únicamente fiscal, aunque las pérdidas superan ya los 22 mil millones de pesos anuales en impuestos no recaudados. El costo más alto está en la salud pública y la seguridad. Los cigarros ilegales no cumplen estándares sanitarios, pueden contener sustancias más tóxicas y se venden sin control, incluso a menores.
La política que buscaba proteger termina empujando a millones hacia productos más baratos y riesgosos, en un mercado dominado no por informalidad dispersa, sino por estructuras organizadas con marcas, distribución e incluso escala industrial.
No es contrabando ocasional, es una economía paralela funcional, con incentivos claros, donde las sanciones son menores frente a otros delitos. Ni siquiera los decomisos han revertido la tendencia. El propio análisis académico en México -como el informe “Cigarros ilegales y crimen organizado” de El Colegio de México- advierte que los esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del fenómeno.
El mercado, mientras tanto, responde a una lógica simple: el precio. Una cajetilla legal puede costar hasta tres veces más que una ilegal; en el extremo, un cigarro se consigue por unos cuantos pesos. Para millones, la decisión no pasa por la legalidad ni la salud, sino por la economía cotidiana. Ahí está el punto incómodo: la gente no está dejando la nicotina, está cambiando la forma de consumirla, muchas veces hacia opciones más peligrosas, mientras el Estado insiste en una estrategia centrada casi exclusivamente en la restricción.
El caso de los vapeadores replica la paradoja, prohibición casi total y, aun así, circulación en el mercado informal. No se trata de promover nuevas adicciones, sino de reconocer un hecho básico: las políticas públicas no pueden diseñarse ignorando el comportamiento real de la sociedad.
Hoy, México enfrenta una contradicción de fondo. En nombre de la salud pública, ha impulsado medidas que en la práctica facilitan el acceso a productos más baratos, más riesgosos y controlados por redes criminales.
El resultado no es un país que fuma menos, sino uno que fuma peor. Y frente a eso, la pregunta de fondo ya no es si los mexicanos van a dejar la nicotina, sino quién va a controlar ese consumo: ¿el Estado o el crimen organizado?
MADRUGUETES
Menos impuestos para construir vivienda
En Jalisco, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez colocó sobre la agenda un paquete de reformas fiscales con el mero objetivo de corregir un entorno que ha expulsado a la vivienda social del mercado. Su planteamiento parte de un diagnóstico estructural: el encarecimiento sostenido y la caída de la oferta, que ya no son coyunturales, sino resultado de reglas que encarecen la producción y terminan trasladando el costo a las familias. Por eso propone ampliar incentivos en licencias, reducir cargas registrales y otorgar alivios temporales al impuesto sobre nómina, con la intención de reactivar la participación del sector privado. La iniciativa se alinea con la intervención del Ejecutivo encabezado por Pablo Lemus, que ya aportó suelo público como palanca inicial, pero también abre una discusión de fondo, si el Estado se limita a medidas parciales o construye, junto con actores como CANADEVI Jalisco, una política integral que atienda la escala real de la emergencia habitacional.
Permisos y contexto
En un sector como el de juegos y sorteos, marcado por cuestionamientos y alta exposición pública, la precisión institucional es clave. La Secretaría de Gobernación, encabezada por
Rosa Icela Rodríguez,
salió a aclarar versiones periodísticas que vinculaban permisos otorgados a Clie S.A. de C.V. con casinos recientemente suspendidos, al señalar que se trata de tres asuntos distintos. Por un lado, los 20 permisos entregados en 2024 responden a un mandato de la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa y, hasta ahora, no han sido utilizados para operar establecimientos. Por otro, los casinos Centenario y Diamante, suspendidos el pasado 14 de abril, operaban bajo un permiso distinto otorgado en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas S.A. de C.V., al igual que la plataforma digital que también fue suspendida en 2025. La distinción es relevante: mezclar expedientes no solo distorsiona la actuación de la autoridad, también impacta la percepción de un sector que opera bajo escrutinio constante. POR LAURA PUENTE COLABORADORA [email protected] TWITTER: @LAURAPUENTEEN
