¿Policías del SAT?
20 Oct 2024
Opinión de López Ochoa Quetzalcóatl | Debate |
Y no sólo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Banco de México (BANXICO), CASA DE MONEDA (sic), y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). No es para que se asuste, pero si la reforma propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado día 18 de septiembre del presente año, y que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, es aprobada, se pretende que diversos organismos públicos puedan armar a sus miembros, siempre que se cumplan con los requisitos exigidos.
Esta situación esta descrita expresamente en la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada ante la entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Si bien podemos estar o no de acuerdo, con que ciertas Instituciones armen a sus funcionarios civiles, podríamos enfrentarnos a situaciones complejas con este hecho, y es que la reforma a la ley no exige en ninguna de sus partes, la obligatoriedad para que estos funcionarios cumplan con el requisito de formación castrense o de un mínimo manejo de armas de fuego para que obtengan su licencia, pues esta sería tramitada colectivamente por la Institución Oficial y no en forma individual.
Hecho que considero inadecuado en un país donde la violencia es cada día más la norma, con cerca de 100 homicidios diarios, el permitir que funcionarios civiles estén habilitados para portar armas de fuego, sin la capacitación obligatoria, es un gran riesgo.
Entiendo que algunas instituciones, como PEMEX, en ciertos casos, es necesaria la portación de armas de fuego, como lo sucedido con el asesinato de algunos de sus empleados que patrullaban ductos, mismos que fueron atacados por un comando armado que los privó de la vida, y que resultó en la emisión de un comunicado donde NO aceptaba la recomendación 250/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la cual está última pretendía hacer responsable a la primera, respecto a la violación en la seguridad de dichos trabajadores. Sin embargo, no es sólo la portación, es igual de importante la capacitación.
No quiero pensar en el hecho de que, por regla general, los contribuyentes que están en la formalidad se tengan que enfrentar a funcionarios, que una vez armados, puedan volverse prepotentes, ante el poder brindado por un arma de fuego; y más peligroso, que el poder brindado por esa arma, se vuelva, no un arma de intimidación recaudatoria, sino de un arma de extorsión o de corrupción.
Ojalá que, con la reforma, se implanten controles de confianza para los próximos funcionarios a ser armados, en caso de que la reforma prospere ante nuestro H. Congreso de la Unión.
