¿Revocar a la Presidenta?
13 Nov 2025
Opinión de Rubén Guajardo Barrera | El Heraldo de México |
La revocación de mandato en México ha sido mayoritariamente utilizada como un instrumento de propaganda política que realmente lo que busca, en el fondo, es poner a consideración de la ciudadanía el ejercicio de poder de una administración pública. Ahora se quiere perpetuar a la figura política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al equipo que la rodea.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador supo utilizar este tema y lo ha sabido mantener maquiavélicamente inteligente en coyunturas políticas, como una herramienta de promoción personal, más que como un ejercicio de participación directa de la ciudadanía.
Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, lo que hoy conocemos como Ciudad de México (CDMX), utilizó a su conveniencia la revocación de mandato, sin tener ningún sustento legal.
La primera fue en el año de 2002, en un momento de la historia de México que fue como un premio a las elecciones intermedias, donde solo participó el 10 por ciento de la ciudadanía, y la segunda ocasión se presentó en el año de 2004, cuando estaba en turno su desafuero, y volvió a convocar a la consulta popular con una participación de tan solo el 7 por ciento.
Una vez que llegó al poder, siendo presidente de México, en el año de 2019 envió la reforma constitucional al Congreso de la Unión para que se formalizara este mecanismo de participación ciudadana; ésta se aprobó para que se llevara a cabo en el cuarto año de gobierno de la administración federal, con la justificación de que no empataría con las elecciones intermedias y que, de esa manera, no se pudiera usar esta herramienta como una acción política del gobierno oficialista.
Ahora, para que este proceso se desarrolle, la petición no debe venir de ningún partido político, sino que la solicitud debe salir de la propia ciudadanía con un mínimo del 3 por ciento del padrón nominal, y al menos deben abarcar 17 entidades federativas de este país para este procedimiento.
En el año de 2021, la organización ciudadana “Que siga la democracia”, presidida en ese momento por Gabriela Jiménez Godoy (hoy actual diputada federal del Partido Morena y vicecoordinadora en el Congreso del Unión), recabó firmas, sin mencionar cuánto costó hacerlo, y, sobre todo, de dónde salió el dinero para este ejercicio y presentar la solicitud al INE para que se llevara a cabo la revocación de mandato en 2022.
Con esta situación, ¿qué fue lo que pasó? Absolutamente nada, ya que la solicitud de revocación de mandato venía desde el mismo poder, así que solo se usó esta herramienta como propaganda política a favor del titular del gobierno federal en turno. Con una participación general aproximada del 18 por ciento, el 90 por ciento de esos votos dictaban que Andrés Manuel López Obrador continuara en la Presidencia de la República Mexicana.
Ahora, a propuesta de un diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el pretexto del ahorro del recurso, buscan adelantar la fecha y poderla empatar con el proceso electoral intermedio, donde también habrá elecciones a gobierno del estado en 17 entidades de México. Los que saben de estrategias consideran que es más fácil ahorrar todo el recurso que se gasta en esta herramienta “ciudadana” de una forma más sencilla, antes de ejercer este engaño. Si la solicitud de la revocación de mandato viene del mismo partido-gobierno que se dice en austeridad republicana, la mejor forma de no gastar en este proceso sería que no se haga, pues todos saben que se trata de una herramienta disfrazada de propaganda electoral para poder influir en las elecciones intermedias.
ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
