Todos contra todos
25 May 2025
Opinión de Ricardo Pascoe | El Heraldo de México |
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en plena avenida de la Ciudad de México agregó un elemento turbio y oscuro al ambiente de por sí descompuesto del país. La crisis política y la crispación social que se vive es producto de las malas decisiones del movimiento que gobierna. La combinación letal de arrogancia e ignorancia está creando la tormenta perfecta para que el país derive hacia una situación de caos incontrolable.
Ante el descontrol que vive México, el gobierno federal ha optado por ofrecer salidas más autoritarias y centralistas con la esperanza de frenar la debacle que viene.
La situación económica está suavemente cayendo en una recesión. Todos los indicadores señalan una fuga constante de dólares invertidos en bonos estatales, principalmente CETES, aunque es una fuga de baja intensidad, no abrupta. El desempleo en el sector formal crece, mientras los salarios nominales se estancan o decrecen, y la informalidad explota. La inflación está subiendo (más del 4%), mientras los precios de productos alimenticios y materiales para la industria y la construcción suben al doble de la inflación (8% o más en promedio). El flujo de caja del gobierno federal se restringe por una razón obvia: la recaudación fiscal decrece conforme el consumo doméstico e industrial se ralentiza.
Las amenazas de aranceles, y la realidad de algunos ya aplicados, genera un ambiente de incertidumbre para la inversión. Incluso, la amenaza de Trump de aplicar aranceles a Europa, Japón y Corea a partir del 1 de junio no propicia un buen ambiente económico. Y esa dinámica, aun siendo ajeno, sí perjudica a México. Por ello, hay una contención visible en los proyectos de inversión de privados, mientras el sector público prosigue con sus inversiones a fondo perdido, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y alrededores, la línea aérea Mexicana, la megafarmacia y el pago a privados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
El deterioro institucional del país se enmarca en la destrucción del Estado de derecho simbolizado en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. No podría haberse escogido un peor momento para semejante experimento de desestabilización del andamiaje institucional del país. El mundo mira a México con horror ante el espectro de crear un Poder Judicial integrado por incondicionales de un solo partido político. Es otro incentivo más para la fuga de capitales, al constatar que no existe en México ninguna seguridad jurídica excepto en función de los acuerdos que un inversor puede establecer con el Presidente de la República en turno, sea quien sea.
Los maestros en huelga son apenas la punta del iceberg del descontento social que existe en México. Sin embargo, su virulencia y disposición disruptiva llaman la atención. Algo más profundo se mueve ahí. No es posible dejar de recordar que especialmente la sección 22 de Oaxaca siempre ha sido dirigida por organizaciones clandestinas guerrilleras que plantean la revolución armada en México. Sus tentáculos existen también en secciones del magisterio de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, la Ciudad de México y seguramente en otros estados. Su lucha no es prioritariamente por las reivindicaciones económicas o sociales. Su lucha es por el poder político en México, a través de la lucha armada.
La Presidenta se ofende porque no se sientan a resolver racionalmente las demandas del movimiento magisterial. Si ese fuera el caso, las cosas se habrían resuelto hace tiempo. Pero no es el caso en la actualidad. Existe una idea en la cabeza de los líderes de que su lucha por el poder político puede avanzar mucho ahora. ¿Qué le da esa idea?
Su cercanía con analistas y dirigentes políticos de Morena que creen, igual que los líderes del magisterio, que el momento de la revolución se acerca y que este es el momento propicio para una radicalización de la sociedad. Y acontece en una coyuntura especial: consideran que la Presidenta es políticamente débil, con apoyos escasos en su propio partido y sin control sobre el Congreso. Ese es el pensamiento de líderes actuales y del pasado de Morena. Son los mismos de Morena los que incentivan la continuada radicalización del bloqueo magisterial. Esto nunca se vio cuando López Obrador era Presidente. ¿Quiénes en Morena promueven la desestabilización del país y de la Presidencia, a través del magisterio? Al mismo tiempo, la Presidenta pretende nombrar a Omar García Harfuch como zar de la lucha contra el crimen organizado en México. Y hay un bloque contrario que no solo no está de acuerdo con que Harfuch sea el zar anticrimen, sino que activamente lo bloquean. Los opositores a la política presidencial son legisladores, líderes de Morena, el Ejército y la Guardia Nacional. Estos opositores reciben el apoyo moral de Andrés Manuel López Obrador. El punto de discrepancia fundamental es que Harfuch no estaría respetando los acuerdos que tanto el ex Presidente como militares y guardias nacionales, además de legisladores de Morena, hicieron con segmentos del crimen organizado. El Congreso no quiere aprobar un nuevo reglamento que le otorgaría amplias facultades a Harfuch para controlar la recaudación de inteligencia, su distribución restringida entre agencias de seguridad y la dirección y decisión sobre operativos anticrimen en todo el territorio nacional. Para ello, se le otorgarían amplios recursos financieros y materiales, incluyendo armamento, para formar escuadras de policías bajo su mando. El ex Presidente López Obrador sospecha que Harfuch podría haber pactado muchas cosas con el gobierno de Trump que lo podrían perjudicar, incluso personalmente. Este encono dentro de las filas oficialistas ha creado una tensión porque se teme la reacción previsible de las fuerzas oscuras que exigirán el cumplimiento de los acuerdos previamente acordados. Esas fuerzas oscuras exigirán con razón porque recibieron la promesa del ex Presidente: el “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación cumplirá a cabalidad sus compromisos adquiridos. ¿Por qué? Porque la entonces candidata y ahora Presidenta era de la misma idea, de la misma manufactura y de la misma disciplina. Respetaría todos los acuerdos. Hasta que no le fue posible. La elección de Trump complicó el escenario en México en materia de seguridad y en el cumplimiento de los acuerdos políticos con el crimen organizado. La Presidenta, con una fuerza política relativa, debe tomar decisiones en materia de seguridad. La ofensiva del gobierno estadounidense viene, y viene fuerte. No habrá una invasión militar directa, sino acciones específicas punitivas que alterarán las fuerzas políticas en el país de muchas maneras. Las acciones indirectas son las más difíciles de repeler, por su sutileza y porque tocan muchos intereses internos. Toda esta situación de repente llega a un punto de ruptura con el asesinato de Ximena y José. El mensaje es para muchos, y no solo, como se ha sugerido, para la jefa de Gobierno. También es para Sheinbaum, para Harfuch, para López Obrador y para toda la camada de dirigentes morenistas que pactaron sus victorias electorales con criminales locales. Ese sofisticado operativo de asesinato les habla a todos, advirtiéndoles que los compromisos se respetan, o habrá consecuencias, como todo en la vida. Es el asesinato de dos personas inopinadamente convertidas en símbolos de todos esos morenistas que pactaron con los criminales, pensando que nunca llegará la hora de pagar. Pues están advertidos: ya llegó la hora del cobro de facturas, cortesía de las presiones de Estados Unidos. La descomposición política, social, criminal y económica de México está llegando rápidamente a un punto de ebullición. El signo de los tiempos es la conflictividad de todos contra todos. POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
@rpascoep
